La tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. Londres convocó esta semana a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para comunicarle su rechazo al arbitraje internacional iniciado por el Gobierno de Javier Milei contra la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

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La protesta británica fue confirmada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien sostuvo que la iniciativa argentina constituye un intento de afectar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes de las islas. 

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Según informó el Gobierno británico, la convocatoria de Plaza se produjo luego de que la Argentina anunciara el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

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El rechazo del Reino Unido al reclamo argentino

Kumaran defendió las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas y sostuvo que están reguladas por la legislación local y que se realizan, según la posición británica, de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convemar. 

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La funcionaria cuestionó además la decisión del Gobierno argentino y sostuvo que los intentos de obstaculizar la actividad económica en las islas no representan una conducta internacional responsable.

En ese escenario, advirtió que la posición argentina genera interrogantes sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.

Londres también volvió a expresar su posición sobre la soberanía del archipiélago. Kumaran afirmó que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales y reiteró el respaldo británico a su derecho a la autodeterminación. 

El arbitraje impulsado por Milei

El conflicto se profundizó luego de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional para intentar frenar la explotación de hidrocarburos vinculada con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La iniciativa fue anunciada el 28 de septiembre y se encuadra en el mecanismo previsto por el Anexo VII de la Convemar. El Gobierno argentino sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales en el área afecta los derechos de soberanía que reclama sobre las islas y los espacios marítimos circundantes. 

Milei estableció además un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte medidas destinadas a impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos. En caso contrario, la Argentina anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales.

El proyecto Sea Lion es impulsado principalmente por Navitas Petroleum, con participación de Rockhopper Exploration. Las compañías prevén avanzar hacia la producción de petróleo en la zona a partir de 2028. 

Las medidas de la Argentina contra las petroleras

El arbitraje se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno argentino contra empresas e inversores vinculados con las actividades hidrocarburíferas en las islas.

En las últimas semanas, la Cancillería envió alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de unos 30 países y abrió cerca de 60 procedimientos administrativos relacionados con esas actividades.

Además, la Argentina presentó al menos tres denuncias penales ante la Justicia contra diez compañías petroleras y sus directivos, entre ellas empresas de capitales británicos, israelíes y canadienses.